Los segmentos de población de menores ingresos, así como aquellos que se encuentran en zonas geográficas poco accesibles se han valido de diversos mecanismos para contar con servicios financieros que les permitan formar un patrimonio o tener actividades productivas. Las respuestas a esas necesidades han sido diversas, de acuerdo a la época y al lugar. Una constante ha sido que conformar un sistema de intermediarios financieros requiere de un proceso de maduración.

En sus orígenes, los bancos generalmente enfocaban sus servicios a los estratos de mayores ingresos de la población. Esto era parte de la naturaleza del negocio bancario. La masificación de los servicios bancarios fue un fenómeno que empezó en el siglo XIX, pero se generalizó en el mundo hasta ya entrado el siglo XX. En el caso de México, la banca que se desarrolló durante el porfiriato llegó al país tarde en comparación con el resto del mundo, y atendía a un segmento pequeño de la población. A pesar de que ese sistema bancario logró cierta consolidación, fue prácticamente destruido durante la Revolución. Fue hasta los años treinta del siglo XX cuando se reconstruyó el marco institucional de la banca y se inició una nueva etapa de crecimiento.

La mayor parte de la población en México, al no ser atendida por los bancos, se valía de estrategias alternativas para cubrir sus necesidades de servicios financieros, principalmente de ahorro y de crédito. Los mecanismos informales existían desde la época colonial. Desde entonces había diversas organizaciones eclesiásticas que hacían operaciones de crédito y ahorro para distintos estratos de la población. Por ejemplo, las cofradías prestaban servicios financieros de forma que hoy podría llamarse solidaria en materia de ahorro, crédito y garantías para crédito.

También había en la época colonial, organizaciones que podrían considerarse híbridas, como las cajas de bienes de comunidades indígenas. Esas cajas tenían un carácter solidario dentro de las comunidades indígenas. Otro actor relevante fueron los Montes de Piedad, los cuales, si bien tenían un objetivo asistencial, proveían un servicio de naturaleza financiera. El primer monte de piedad, el Real Monte de Piedad de Ánimas fue fundado en 1775 por el virrey Pedro Romero de Terreros; otros montes de piedad fueron fundados posteriormente como el Luz Saviñon en 1902.

Dentro de esta diversidad de oferentes, a fines del siglo XIX y principios del XX hubo intentos por constituir un sistema de cajas similar al de Alemania, principalmente para el sector agropecuario, pero los resultados fueron efímeros. Por ejemplo, en 1839 se fundó lo que se considera la primera caja de ahorro en México, en Orizaba, Veracruz. Posteriormente en 1903, Miguel Palomar y Vizcarra promovió en Jalisco cooperativas de ahorro y crédito del modelo Raiffeissen para actividades productivas. Después de la Revolución, estos movimientos derivaron en organizaciones de naturaleza mutualista y otras de tipo cooperativista que buscarían distintos cauces para su desarrollo, pero sin una consolidación inmediata.

La expansión de la banca mexicana en el siglo XX, fundamentalmente entre 1945 y 1982, permitió bancarizar a una parte importante de la población que otrora carecía de servicios financieros tradicionales. La mayoría de los habitantes —principalmente de zonas rurales y la más pobre— quedarían sin acceso completo y permanente a servicios bancarios. Después del esfuerzo que se llevó a cabo entre los años cincuenta a los ochenta, la banca no cruzó las barreras geográficas, institucionales y socioculturales de un porcentaje amplio de la población sino hasta años recientes. Para el Estado mexicano a lo largo del siglo XX, la banca comercial constituyó el principal vehículo para generar inclusión al sistema financiero.

Organismos de naturaleza mutual, como las uniones de crédito (contempladas en la Ley Bancaria desde 1932 como “organizaciones auxiliares de crédito”), tenían que operar a través de las ventanillas de los bancos. Por otra parte es un hecho que algunas uniones de crédito atendían sectores relativamente pobres —como las uniones de crédito campesinas—, pero la mayoría operaban para un sector productivo bien organizado. Y, a pesar de que desde los años treinta había una preocupación por acelerar un downscaling de los bancos en los servicios financieros, como fue el caso de la emisión de una Ley de Ahorro Popular, (iniciativas destinadas a crear bancos para sectores no atendidos, etc.), nunca hubo una estrategia amplia en esta materia.

El Estado consideraba que los segmentos de la población que no recibían financiamiento bancario debían ser atendidos directamente por el propio gobierno. La creación de los bancos de desarrollo obedecía a esta noción. Tal fue el caso de la fundación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, antecedente directo de la actual Financiera Rural, que fuera fundado en 1926, y se expandiera con un esquema de red regional de bancos semi autónomos, o bien el Banco Nacional de Crédito Ejidal, fundado en 1935, con el objetivo de apoyar financieramente a los pequeños productores beneficiados con el reparto agrario de Lázaro Cárdenas.

Otro principio —el de los fideicomisos públicos de fomento y de la banca “de segundo piso”— buscaba que, con la mano del Estado, la banca “bajara” a segmentos del mercado que tradicionalmente no consideraba por estar fuera de sus estrategias de mercado, como era el caso de pequeños agricultores y empresas pequeñas. Uno de los más importantes han sido los FIRA, los cuales iniciaron en 1954 con el establecimiento del primer Fondo.

Los esfuerzos del estado mexicano eran canalizados primordialmente para disponibilidad de crédito. Una excepción enfocada al ahorro fue la creación del Patronato del Ahorro Nacional en 1949. A lo largo de esas décadas el gobierno buscó mantener un papel central en el proceso de desarrollo financiero. En cuanto a aumentar la inclusión en un sentido amplio, aún falta por analizar esa historia, aunque es posible adelantar que los esfuerzos del gobierno fueron un factor importante, pero sin resultados comprensivos.

La oferta formal de servicios financieros no estuvo limitada a la banca, al gobierno y a los intermediarios que eran reconocidos en el marco de la regulación financiera mexicana. Las cajas populares fueron por muchas décadas una organización formal que buscaba servir a segmentos desbancarizados. La primera caja de ahorro o “caja popular” se estableció en 1951. Desde sus orígenes, las cajas formaron una red: en 1954 se fundó el Consejo Central de Cajas Populares y en 1963-64 se formó la Confederación de Cajas Populares con las primeras seis federaciones de Cajas. Los orígenes de estas organizaciones son diversos: las hay con raíces religiosas, así como de raíces cooperativistas (aunque aparentemente separadas del cooperativismo oficial que se desarrolló a la sombra de los gobiernos de entonces). Hasta hace algunos años —concretamente con la Ley de Ahorro y Crédito Popular— las autoridades financieras mantuvieron cierta distancia hacia ellas como oferentes de servicios financieros.

En México, la corriente de la prestación de servicios financieros populares por microfinancieras guarda una historia complementaria a la de las cajas, uniones de crédito, y otras entidades que han atendido a población con menor (o sin) acceso a la banca. Ya desde los años setenta, en México y muchos otros países en desarrollo, las microfinancieras han tenido como misión proveer financiamiento directamente a las personas excluidas de los servicios bancarios tradicionales, con el objeto de facilitar su desarrollo y participación productiva en la economía de sus países. Desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, México se sumó a los países en vías de desarrollo que vieron la provisión de servicios de microfinanzas como herramienta para el desarrollo comunitario y alivio de la pobreza.

Nota: Este documento es resumen del artículo “Restrospectiva histórica de la expansión del sistema financiero a grandes segmentos de la población”, por el mismo autor.

Fuentes:
1. Gustavo Del Ángel. “La inclusión financiera en México”. En: Mapa Estratégico de Inclusión Financiera: Una Herramienta de Análisis. Autores: Ursula Heimann, Juan Navarrete, María O’Keefe, Beatriz Vaca y Gabriela Zapata. México 2009.
2. María O’Keefe. “Línea del tiempo de las finanzas populares”. En: Las Finanzas son de Todos. Una experiencia de inclusión financiera. Museo Interactivo de Economía. México 2010.